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Última actualización: hace 5 horas


02.12.2012 | Política | 958 lecturas




Gobierno presentó proyecto de regulación para máquinas tragamonedas

Gobierno presentó proyecto de regulación para máquinas tragamonedas
La normativa establece que en cada local puede haber tres máquinas.

El Poder Ejecutivo elaboró un anteproyecto de ley que regula el funcionamiento de las máquinas tragamonedas. Entre las principales normas que contiene el proyecto que será puesto a consideración del Parlamento a la brevedad, se establece un máximo de tres máquinas por comercio, pudiendo estar sólo en bares y cantinas, a la vez que se establece un canon que los propietarios de las máquinas deberán pagar a las intendencias.

La normativa que difundió Radio El Espectador, establece que las intendencias departamentales podrán autorizar en condición precaria y revocable “el funcionamiento de hasta tres máquinas electrónicas de azar –tragamonedas-, exclusivamente para bares y cantinas, o sea, en aquellos establecimientos específicamente concebidos para el expendio de bebidas alcohólicas al mostrador, con giro e implantación independiente y con habilitación vigente de la autoridad municipal competente”.

La normativa dejaría excluidas de la autorización a instituciones sociales, deportivas y recreativas; escuelas, colegios e instituciones de enseñanza en general; instituciones culturales y religiosas; instituciones sanitarias y de presentación de servicios de salud; establecimientos de hotelería, restaurantes y otros servicios gastronómicos; establecimientos para fiestas, eventos bailables y cualquier otro fuera de la categoría bares y cantinas.

Las comunas “serán las encargadas de expedir el permiso y habilitación” de las máquinas, según lo establecido por el artículo dos. El tercero establece la creación de un impuesto “a la actividad reglamentada de base mensual de dos Unidades Reajustables (unos 1200 pesos), por cada máquina electrónica autorizada”. El contribuyente será el propietario registrado y las intendencias lo recaudarán.

INFRACCIONES A LA LEY “Las intendencias podrán disponer de la clausura parcial o definitiva de los establecimientos que no posean la autorización correspondiente, las multas que corresponden y el decomiso e inmediata destrucción”, de las máquinas tragamonedas que se encuentre en ellos, según el artículo cuarto. Habrá penas de tres a seis meses de prisión y la pérdida de la habilitación para comerciar para “aquel que –sin estar expresamente autorizados por la autoridad administrativa competente-, organizare, receptare, financiare, explotare o permitiera explotar en un área bajo su responsabilidad a las máquinas electrónicas”.

El quinto artículo también establece que “la autoridad competente procederá a la incautación y destrucción o inutilización de los objetos y bienes empleados para la actividad ilícita, con excepción de los vehículos, los que quedarán bajo la titularidad y disponibilidad del Ministerio del Interior”.

El artículo sexto se refiere a aquellas circunstancias que se considerarán agravantes: la presencia de menores de edad o incapaces en los locales involucrados, cuando se valiere o sirviere para la explotación ilícita de menores o incapaces, cuando la conducta ilícita se efectúe en forma clandestina y la condición de funcionario público del infractor.

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), intervendrá previamente –un requisito excluyente para la autorización de las máquinas tragamonedas- para certificar la condición mayoritaria de fabricación nacional de las mismas, la inviolabilidad del software instalado y que el margen de retención no supiere el 8% del monto apostado, indica el séptimo artículo.

PROYECTO RESTRICTIVO La novedad difundida el viernes fue tomada con cautela por el representante legal de la Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos (AUFOJE), Gerardo Dibern, quien dijo que ellos aún no han tomado contacto con el referido proyecto, más allá de lo difundido por la radio capitalina. “Nosotros siempre quisimos una reglamentación, es lo buscamos hace ocho años, lo que pasa es que buscamos una reglamentación más lógica y que sirva para todas las partes, que le sirva al Estado a los cantineros y a los propietarios de las máquinas”, dijo el abogado. Dibern mostró reparos a lo que sería la reglamentación en cuanto a los lugares que la consideró “muy restrictiva”.

“Tres por cada local son pocas máquinas y además nos preocupan los lugares, porque uno de los lugares que nosotros siempre hablamos son las cantinas de los clubes sociales o deportivos, que son importantes para nosotros. Además ahí se vende alcohol y por eso pensamos que pueden quedar las máquinas separadas del recinto de los clubes y que ahí no tengan acceso los menores, porque también esas cantinas venden cigarros, alcohol y no se le facilita a los menores”, opinó Gerardo Dibern.

El abogado de AUFOJE dijo que la organización que representa aspira “a que haya seis máquinas y que estén en función de los metros cuadrados, porque nosotros entendemos que otro lugar en el que debería haber máquinas sería en los kioscos, porque en los kioscos hay juego, es el lugar donde hay juego y entran los menores. Los menores pueden entrar a buscar un alfajor, pero también pueden jugar una raspadita, estamos en la misma. Creemos que debería poder tener algún tipo de máquina, pero no significativa, una o dos como mucho. Un bar podría tener hasta seis según los metros cuadrados”.

Respecto al pago de un canon, Gerardo Dibern dijo que su organización está “de acuerdo, siempre dijimos que queríamos pagar un canon específico por el juego porque el Estado nos daría una contraprestación como sería el hecho de reglamentar la actividad porque te va a decir donde estarán las máquinas y en qué cantidad”.

El abogado cree que este proyecto tendrá cambios en su análisis en el Parlamento. “Supongo que vendrá todo un año de discusión y perfeccionamiento, de aporte de las partes para mejorar el proyecto que se hizo. Siempre es mejorable, no colmará el 100% de las expectativas, pero se intentará mejorar lo que se pueda”, dijo al finalizar.

Nota a publicarse en la edición impresa del lunes 3 de diciembre de 2012.








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